El acuerdo que alcanzó el gobierno con la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF) durante el verano, que contempla un
millonario incentivo a la jubilación, reactivó el debate del
proyecto, en segundo trámite, que entrega un bono post laboral de
$50 mil a funcionarios públicos que estén en condiciones de
jubilar.
La Comisión de Trabajo del Senado, instancia donde está radicada
la iniciativa, había paralizado la discusión de la misma como una
forma de dar espacios para la construcción de un acuerdo con los
distintos actores involucrados, entre ellos la Anef y la Confenats,
que no compartían los alcances del proyecto por considerar que no
soluciona el daño previsional.
Según explicó el presidente de esa instancia parlamentaria,
senador Pedro Muñoz, dado que la Anef resolvió sus demandas por un
carril distinto, la Comisión tomó la decisión de reactivar el debate
del proyecto por lo que votará la iniciativa el próximo 4 de
abril.
“El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, nos dijo que, ya
que habían resuelto sus problemas con los incentivos al retiro
acordados con el gobierno, la Comisión podía darle una rápida
tramitación al bono post laboral. Ellos sostienen que con los
acuerdos que lograron se palía, en parte, los resultados negativos
que tiene haberse afiliado a las AFP a partir de 1981”, explicó el
senador.
ALCANCES DEL PROYECTO
La iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de retiro
de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo
de sus pensiones.
Para ello, establece un bono de $ 50.000 mensuales para
los trabajadores que se encuentren prestando servicios a la fecha de
entrada en vigencia de la ley. La iniciativa beneficia a los
funcionarios públicos, tanto de los servicios centralizados como de
los descentralizados, y a los trabajadores municipales y de las
universidades públicas.
De acuerdo con los antecedentes que recibió la Comisión
de Trabajo existe un universo potencial de beneficiarios de entre
110 mil y 130 mil personas. Se trata de trabajadores del sector
público que cotizan en AFP, quienes, de jubilarse, recibirían una
pensión significativamente menor al ingreso que perciben.
No obstante, para acceder a este beneficio deben
cumplir ciertos requisitos como pertenecer al sector público; tener
la edad exigida para jubilar; contar con determinada tasa de
reemplazo de pensiones, y acceder a una pensión de vejez.
En lo fundamental, está orientado al personal que se
desempeña en los órganos y servicios públicos, las municipalidades,
y los funcionarios de los servicios traspasados, siempre que se
encuentren afiliados al sistema de AFP; tengan a lo menos 20 años de
servicios en las instituciones señaladas y el cálculo de su pensión
arroje un monto líquido, igual o inferior al 55% de su última
remuneración líquida, e inferior a 600 mil pesos
mensuales.