Valparaíso | 23/03/2007 | Departamento de Prensa
Acuerdo con Anef reactiva debate de proyecto que entrega bono post laboral de $50 mil a funcionarios públicos
La iniciativa, que beneficia al personal de los servicios centralizados y descentralizados, y a los trabajadores municipales y de universidades públicas, será votada la primera semana de abril en la Comisión de Trabajo.

El acuerdo que alcanzó el gobierno con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) durante el verano, que contempla un millonario incentivo a la jubilación, reactivó el debate del proyecto, en segundo trámite, que entrega un bono post laboral de $50 mil a funcionarios públicos que estén en condiciones de jubilar.

 

La Comisión de Trabajo del Senado, instancia donde está radicada la iniciativa, había paralizado la discusión de la misma como una forma de dar espacios para la construcción de un acuerdo con los distintos actores involucrados, entre ellos la Anef y la Confenats, que no compartían los alcances del proyecto por considerar que no soluciona el daño previsional.

 

Según explicó el presidente de esa instancia parlamentaria, senador Pedro Muñoz, dado que la Anef resolvió sus demandas por un carril distinto, la Comisión tomó la decisión de reactivar el debate del proyecto por lo que votará la iniciativa el próximo 4 de abril.

 

“El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, nos dijo que, ya que habían resuelto sus problemas con los incentivos al retiro acordados con el gobierno, la Comisión podía darle una rápida tramitación al bono post laboral. Ellos sostienen que con los acuerdos que lograron se palía, en parte, los resultados negativos que tiene haberse afiliado a las AFP a partir de 1981”, explicó el senador.

 

ALCANCES DEL PROYECTO

 

La iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

 

Para ello, establece un bono de $ 50.000 mensuales para los trabajadores que se encuentren prestando servicios a la fecha de entrada en vigencia de la ley. La iniciativa beneficia a los funcionarios públicos, tanto de los servicios centralizados como de los descentralizados, y a los trabajadores municipales y de las universidades públicas.

 

De acuerdo con los antecedentes que recibió la Comisión de Trabajo existe un universo potencial de beneficiarios de entre 110 mil y 130 mil personas. Se trata de trabajadores del sector público que cotizan en AFP, quienes, de jubilarse, recibirían una pensión significativamente menor al ingreso que perciben.

 

No obstante, para acceder a este beneficio deben cumplir ciertos requisitos como pertenecer al sector público; tener la edad exigida para jubilar; contar con determinada tasa de reemplazo de pensiones, y acceder a una pensión de vejez.

 

En lo fundamental, está orientado al personal que se desempeña en los órganos y servicios públicos, las municipalidades, y los funcionarios de los servicios traspasados, siempre que se encuentren afiliados al sistema de AFP; tengan a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas y el cálculo de su pensión arroje un monto líquido, igual o inferior al 55% de su última remuneración líquida, e inferior a 600 mil pesos mensuales.